Elusión, Evasión de Impuestos y Gasto Público
La principal fuente de financiamiento de que dispone el Estado chileno proviene de la recaudación tributaria, la cifra aproximada de aporte es alrededor de un 75% de los montos utilizados
La estructura tributaria en Chile está compuesta principalmente por la contribución de impuestos a la renta de personas y empresas, cotizaciones de seguridad social, impuesto al valor agregado, sobre la propiedad, sobre bienes y servicios.
Es destacable que el mayor aporte de impuestos al erario fiscal proviene del impuesto al valor agregado, lo que hace que nuestra lógica de recaudación ya presente un problema en su concepción básica, es absolutamente regresiva, toda vez que, dicho impuesto es pagado por toda la población independiente de sus niveles de ingreso, lo que a todas luces es injusto.
El gasto público entre otras cosas se usa para desarrollar obras públicas, mantener el sistema de salud pública, educación, vivienda, movilidad, seguridad, bonos y subsidios al trabajo y la jubilación, es decir, apunta a satisfacer condiciones mínimas de dignidad de la vida de nuestro pueblo.
Se entiende por elusión el acto de “uso de prácticas dirigidas a evitar el pago de impuestos de forma ilícita, por medio de vicios normativos o de interpretaciones alejadas del propósito de la ley”. Mientras que por evasión de impuestos se entiende “no pago de impuestos generados a la empresa por medio del ocultamiento de información o ingresos”.
De acuerdo a un informe reciente generado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el período 2018 -2020 en nuestro país la elusión y evasión del IVA se situó en el entorno del 18,4% de lo potencialmente recaudable, mientras que, la elusión y evasión del impuesto de primera categoría (empresas) lo hizo en un 51,4%. De este modo el total de la elusión y evasión de impuestos antes mencionados corresponde alrededor del 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Basta decir que la tan vilipendiada y resistida reforma tributaria que ha intentado implementar sin éxito el actual gobierno pretende recaudar un 3% del PIB, o que condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) equivale a un 3,7% del PIB.
Solo queda preguntarse:
¿Cómo se pretende aumentar la fiscalización para evitar este tipo de actos con una estructura del Estado mínima, desfinanciada?
¿Es real aquello pregonado por la derecha política de que la recaudación tributaria actual es suficiente y que es el Estado el que no es capaz de hacer un buen manejo de los recursos?
¿Las leyes que penan este tipo de actos son lo suficientemente duras como para que por su sola potestad hagan pensar más de una vez a aquellos que pretenden realizarlos que se exponen a sanciones fuertes y los haga desistir de sus acciones?
La guinda de la torta la propuso la propuesta constitucional 2023 que votaremos el próximo 17 de diciembre, se propone eliminar el impuesto territorial a la primera vivienda conocido como Contribuciones, ¡que solo paga el 23% de las propiedades habitacionales de mayor valor de tasación!.
Es absolutamente claro a que grupo de chilenos favorece nuestra actual normativa y a quienes favorecerá si se aprueba la propuesta constitucional, el resto espejismos.
