Por Rodrigo Ruiz.- En la actualidad existe una disputa entre las organizaciones ciudadanas de Quinchao en el archipiélago de Chiloé y las dos empresas que prestan el servicio de transporte entre Dalcahue y Curaco de Vélez, toda vez que dichas empresas abusan de su posición dominante prestando un servicio malo y caro. En el mes de octubre de 2019 unilateralmente se subió el valor del pasaje por vehículo en el único horario nocturno de las 3 AM de $ 2.500.- a $ 10.000.-. En diciembre de 2019 se aumentó el valor diario por vehículo de $ 2.500 a $ 2.800.-, Ambas empresas son un oligopolio familiar dado que depende de una misma familia (padre e hijo), en declaraciones públicas han confirmado sin sonrojarse que se ponen de acuerdo para fijar unilateralmente los precios, o que no están dispuestos a someterse a regulaciones por lo que si continúa la presión ciudadana “pescan sus cosas y se van para otro lado”.


La comunidad de la isla ha intentado por todos los medios posibles buscar una solución que permita disponer de un servicio mejor y a menor precio, para ello han solicitado la intervención del Estado chileno proponiendo que sea este quien se haga cargo del servicio de transporte o que al menos aporte una subvención al costo por pasada, sin embargo su clamor no ha tenido eco debido entre otras cosas a que como respondió el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de los Lagos, “Esto es imposible la Ley de Marina Mercante, en el artículo 14, no permite que el Estado de Chile, no solamente el Ministerio, sino que el Estado, invierta dineros públicos en una ruta en donde hoy funciona un privado. No se puede subsidiar un transbordador porque esto atenta sobre la ley de competencia del que hoy día está operando”.

¿Qué tiene que ver esto con la Constitución Política de Chile?, simplemente que en la respuesta de la Seremi está contenido el principio de subsidiaridad, eje transversal de la Constitución dictatorial que nos rige y santo grial del empresariado y la clase de poder de nuestro país, en palabras simple impide al Estado chileno participar de cualquier negocio en el cual lo haga un privado, es decir, no puede impedir, regular ni menos competir con los privados, lo prohíbe la Constitución.
En este ejemplo real actual queda de manifiesto lo perverso de la Constitución que nos rige, el Estado chileno, es decir nosotros, solo podemos actuar cuando un privado no lo hace, y éstos no lo hacen cuando la rentabilidad es baja o negativa, en otras palabras los privados van por las utilidades y el Estado (nosotros), por las pérdidas. Qué mejor ejemplo de una defensa constitucional de lo individual por sobre lo colectivo o del capital por sobre lo social, dejando de manifiesto quienes indefectiblemente deben respaldar esta Constitución ilegitima, ineficiente y no representativa dado que privilegia y defiende sus intereses.

Por esta razón y bastantes más yo apruebo la necesidad de una nueva Constitución
redactada por un conjunto de compatriotas electos para ello en el mes de abril próximo.

Rodrigo Ruiz – Radio Nonguén-.

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