Por: Polis Revista Latinoamericana

A Raíz de la propuesta del Gobierno de Perpetuar los Derechos de Aguas sus tenedores, a replanteado en la opinión pública acerca de, quien debe tener la propiedad y control de un recursos cada vez más vital y escaso en el mundo. Compartimos un pedagógico re´portage del sitio Polis, para ustedes.

Chile es uno de los países privilegiados en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos de superficie a nivel mundial*, y cuenta con una de las mayores reservas de este recurso en Campos de Hielo Norte y Sur, en la zona austral. Sin embargo, este patrimonio está irregularmente distribuido en el territorio nacional, a causa de las diversas condiciones físicas y climáticas. Mientras la zona norte es sumamente árida, con una disponibilidad de recursos hídricos de menos de 500 m3/habitante/año, en la zona sur existen zonas de gran abundancia, con niveles que superan los 160.000 m3/habitante/año. Por ello es que en la zona norte los conflictos por el acceso y propiedad del agua han confrontado históricamente a las comunidades locales indígenas y campesinas con las empresas mineras. Conflictos que de no solucionarse a través de la desalinización y uso de aguas marinas para la próxima oleada de expansión minera, pueden convertirse en tensiones de carácter étnico y fronterizo con los países vecinos.

En este contexto de tensiones de acceso estructuralmente no resueltos, y dado que el modelo de gestión del agua en Chile está centrado en criterios de asignación y transacciones de mercado, los recursos hídricos han quedado sujetos a una fuerte presión, especialmente en las zonas donde son más escasos, teniendo como resultado que la “libre competencia” entre los diferentes usos y derechos de propiedad de las aguas ha favorecido la concentración de la propiedad de éstas en el sector eléctrico, minero y exportador, considerados ‘motores’ del desarrollo nacional, en perjuicio del acceso al recurso para la mayoría de la población.

3Este desigual ejercicio de asignación y derechos ha sido favorecido por el marco jurídico establecido en el Código de Aguas, que define simultáneamente al agua como un bien nacional de uso público y como bien económico, lo que faculta su gestión según las pautas y códigos de la propiedad privada, resguardada constitucionalmente. Esta definición promueve la regulación del uso y acceso a los recursos hídricos principalmente a través del “mercado del agua”, donde prima la dinámica de la oferta y la demanda, por encima de la satisfacción de las necesidades de la población y los debidos resguardos ambientales que se requieren para asegurar la existencia de un recurso vital y escaso como el agua.

4Los derechos de agua en Chile, luego de ser concedidos por los privados, son concedidos gratuitamente y a perpetuidad, existiendo gratuidad en el mantenimiento, tenencia y uso del recurso. No existen cobros diferenciados por el uso del agua, ni impuestos específicos, ni pagos por descargas de aguas servidas, salvo en sectores urbanos e integrados a la red de alcantarillado. El pago por “no uso” de los derechos de agua que se estableció recientemente en la reforma del Código de Aguas, pretende sólo desincentivar su acumulación ociosa; por tanto si bien motivará a que se utilicen los derechos de agua acumulados en pocas manos, también multiplicará los proyectos en base a recursos hídricos para librarse del pago y acelerará las transacciones del mercado del agua, generándose una presión aún mas intensa sobre las cuencas, parte importante de las cuales no solo ha perdido su caudal ecológico, sino muchas de ellas están en franco colapso por contaminación o secamiento.

5A ello se agregan los problemas derivados de una institucionalidad dispersa, que dificulta una gestión integrada de los recursos hídricos y una adecuada fiscalización frente a los conflictos de interés por el acceso al recurso, a la contaminación y descargas de residuos, sobreexplotación y a la concentración de la propiedad, entre otros problemas.

Las políticas sobre el agua en Chile

  • 1  Art. 13 y Art. 14. Código de Aguas.

6Las políticas públicas en materia de recursos hídricos favorecen la gestión del recurso en base a criterios de mercado, si bien la legislación y las condiciones político-económicas que favorecieron esta situación fueron instaladas por el propio Estado, durante el gobierno militar, a través –entre otras medidas- de la creación del Código de Aguas en 1981. El Código de Aguas vigente creó una nueva categoría de derechos: consuntivos y no consuntivos. La diferencia entre ambos tipos de derecho es de naturaleza principalmente legal, y dice relación con la presencia o ausencia de un compromiso por parte del usuario de devolver un caudal al río. El derecho consuntivo se refiere al derecho de consumo de aguas, sin que puedan reutilizarse superficialmente1. Es el caso de los derechos solicitados para riego, minería, industria y uso doméstico. Sin embargo, siempre una fracción muy significativa de los usos consuntivos retorna al cauce, ya sea en forma localizada o difusa, lo que apareja problemas de contaminación.

  • 2  Tal fue el caso de la construcción de la Central Ralco al sur de Chile, que violó flagrantemente l (…)

7Por su parte, los derechos no consuntivos se refieren a aquellos que se solicitan para utilizar el agua sin consumirla, como es el caso de los proyectos hidroeléctricos. Estos derechos conminan a devolver las aguas a los ríos, sin perjudicar a los usuarios existentes aguas abajo. Sin embargo, la normativa es débil para fiscalizar la existencia de perjuicios a los usuarios de las partes bajas de las cuencas; y las políticas públicas han favorecido la aprobación de emprendimientos energéticos aún cuando en el caso de las represas existen daños evidentes a la comunidad y al medio ambiente2.

8En segundo lugar, el Código de Aguas define el recurso como “bien nacional de uso público” y “bien económico”, al mismo tiempo; y autoriza la privatización del Agua a través de la concesión de derechos de uso gratuitamente y a perpetuidad. El derecho de uso se otorga a los particulares según las disposiciones establecidas en el Artículo 5 del mismo Código. En la legislación chilena, dicho derecho es un bien jurídico definido como un derecho real; es decir, un derecho que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas por parte del titular, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el Código de Aguas (Art. 6).

9El titular que obtiene el derecho de aguas, según la legislación chilena, debe declarar dónde y cuándo usará el agua, sea para los fines primeros para los cuales solicitó los derechos de aprovechamiento o para usos alternativos posteriores, pudiendo mantener en forma indefinida dicho derecho sin utilizarlo. Desde la reforma del Código de Aguas existe un pagopor la no utilización de este derecho, pero: el Código descartó el sistema de gravámenes a los derechos de agua y no impuso otros costos o tarifas para la concesión de nuevos derechos ni para su goce en el tiempo.

10Los derechos concedidos por el Estado están amparados por las garantías constitucionales respecto del derecho de propiedad. En el artículo 24 de la Constitución Política de Chile se declara que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Junto con ello, el Código de Aguas separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, permitiendo la libre compra y venta, sin proteger a las comunidades del despojo de los recursos hídricos en su territorio. En definitiva, puede decirse que el país permite la concesión gratuita de los derechos de agua, sin costos por su mantenimiento o tenencia del recurso, en su uso, y sin exigir compensaciones por la generación de efectos externos. El Código de Aguas, desde 2005, exige acreditar el uso de los derechos de agua concedidos; pero no retira el derecho por no uso de los recursos, sino que exige el pago de una patente si se acumulan derechos de agua , y estos no son utilizados.

11Por lo tanto, la redistribución del recurso se hace a través de transacciones en el mercado. Una vez concedidos los derechos de uso, el Estado no interviene más, salvo verificar que se están usando. El sistema de concesión de derechos ha favorecido a las grandes empresas y al sector exportador, en perjuicio de los derechos de la población y las comunidades de acceder a un recurso fundamental para la vida. Ello se ha traducido en una concentración progresiva de la propiedad de los recursos, problemas de acceso a la población, alzas de tarifas y agudización de los problemas de stress hídricos y destrucción irreversible de cuencas en muchas regiones donde el recurso es escaso.

El Reportaje Completo en el enlace del autor:

https://journals.openedition.org/polis/5091

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