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Por: Danilo Ulloa M.
“A fuego lento” se titula una obra de teatro documental española, que trata sobre las conversaciones entre Jesús Eguiguren (PSOE) y Arnaldo Otegi (Batasuna). Diálogos que hicieron posible el fin del terror desatado por ETA y el fin de la banda terrorista. Tal es el poder del Diálogo.
Respecto de la situación de violencia en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de la Araucanía (en adelante, macrozona sur), la presidencia de Gabriel Boric no solo heredó un conflicto de larga data que, a la fecha, ningún gobierno ha podido resolver y por tanto, solo han podido gestionar el problema. También se encuentra en un dilema moral, generado a partir del discurso con que Boric llega a la Moneda: el Diálogo, como la herramienta para enfrentar esta situación y en lo posible, resolverla.
Quien suscribe cree profundamente en el diálogo como la mejor herramienta para resolver los conflictos, pero, es requisito sine qua non que las partes quieran dialogar.
Primero, en la macrozona sur no existe claridad respecto de, con quién dialogar por tanto técnicamente hasta ahora no hay contrapartes legitimadas para este ejercicio y segundo, quienes podrían serlo hoy no quieren dialogar o no están los ánimos para ello, y lo más importante que, entre los dialogantes se reconozcan como tales.
Lo anterior muestra que, de parte del Estado solo se conoce en términos muy vagos lo que realmente ocurre en la macrozona sur y esto significa que, en algún momento el Estado de Chile dejó de estar presente, generando subterráneamente un vacío de poder. Otra herencia con la que debe lidiar la actual administración y donde, las herramientas tradicionales que el Estado dispone para garantizar el orden y la seguridad en este territorio: no funcionan porque, no son delitos comunes.
Al respecto, la administración Piñera, invocando una grave alteración del orden público, no tuvo reparos en invocar el estado de excepción constitucional para las zonas afectadas de las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de la Araucanía.
El estado de excepción sin duda que entrega una potente señal política, llena los medios de titulares y posibilita un mejor despliegue del gobierno y la fuerza pública en el territorio. Además, por alguna razón a la gente le gusta, sienten que la autoridad está presente y por tanto, se sienten protegidos. Pero los 100 días conque Piñera gobernó con estado de excepción no pudieron garantizar seguridad ni tampoco garantizar que no ocurran actos de violencia, como tristemente quedó demostrado. El estado de excepción, mientras dure, solo hace posible que el Estado llegue donde antes no estaba, pero la fuente del conflicto sigue ahí, latente. Además, el abuso del estado de excepción como “oferta de seguridad” corre el riesgo de devaluarse y luego de ello: ¿qué tiene el Estado para hacer frente la violencia?
Durante la dictadura solo existía un grupo que reivindicaba políticamente los derechos ancestrales mapuches: el Ad Mapu; actualmente son seis los grupos que ahora utilizan la violencia como medio para conseguir sus objetivos políticos, como lo han demostrado con o sin estado de excepción; todos surgidos a partir del 2014 en adelante.
¿Qué ocurre en la macrozona a partir del 2014? Expansión forestal y prospección de tierras raras. Pero esto por sí solos estos ingredientes no explica todo el fenómeno de la violencia que allí corre.
Retomando la senda del diálogo. Actualmente el problema radica en poder identificar quién o quiénes poseen liderazgos reconocidos y legitimados para dialogar: ¿serán las autoridades ancestrales o las autoridades institucionalizadas, o nuevos liderazgos?
Una de las consecuencias de la dictadura en el territorio mapuche fue la destrucción del sistema de liderazgos tradicionales (loncos) de la nación mapuche, que paulatinamente fueron reemplazados por liderazgos del tipo institucional como, presidentes de Juntas de Vecinos u otro tipo de dirigentes territoriales o incluso, funcionales.
Me atrevería a teorizar que, en gran medida la violencia que se ha gatillado también obedece a que existe una crisis de liderazgo al interior de las comunidades mapuches donde, el liderazgo tradicional solo posee valor simbólico, pero también se cuestionan los liderazgos institucionales que además solo representan un territorio muy acotado. Esto obviamente genera crisis de poder, los que suele ser aprovechado por nuevos caudillos que, incluso pueden ver en la violencia un camino válido para impulsar sus objetivos. Lo anterior complejiza aún más cualquier intento por lograr acuerdos pues, queda en un verdadero limbo la legitimidad de los interlocutores para dialogar y negociar y surge la pregunta más importante: ¿Con quién se va a sentar la autoridad a dialogar?
Sin duda que, esta pregunta hoy no puede ser respondida y mientras tanto, el gobierno debe garantizar lo que todo gobierno tiene por mandato: Orden y Seguridad. Nada impide que mientras se trabaje en garantizar el orden y la seguridad en la macrozona sur, también se avance en ir generando las bases del diálogo, aunque como país nos tome años. La experiencia internacional en conflictos similares ha demostrado que, una vez llegados los incumbentes a las etapas del diálogo, los conflictos concluyen, pero han sido tareas que han demorado años incluso, décadas y se han realizado sobre la base de un fuerte compromiso de las partes con el proceso de diálogo y es esto la mejor herencia que la administración Boric podría dejar: las bases para el diálogo.
Me pregunto por quiénes serán nuestros agentes del diálogo que, contribuyan a poner fin a la violencia. Pero también me pregunto, si: ¿Estamos preparados para resolver un conflicto mediante el diálogo o, la tentación del uso del garrote es más fuerte?
